Por Manolo Saco para publico.es, 23/08/2010

En Brasil se han echado a la calle los humoristas porque las autoridades han prohibido por decreto divulgar, en emisoras y periódicos, imágenes o afirmaciones que puedan “denigrar o ridiculizar” a cualquiera de los candidatos a la presidencia del país en las próximas elecciones del 3 de octubre. Inexplicable. Ahora que en nuestra Antena 3 comienza “El club del chiste VIP”, con los políticos trabajando de humoristas (oficialmente, por fin), los brasileños caminan con el pie cambiado y pretenden destruir el espejo en el que mirar las miserias de los mandatarios públicos, ese espejo del Callejón del Gato que es el humor, que no tiene piedad de famas y cuyo contacto todo lo corroe.

Lo que demuestra que el miedo a la crítica no es privativo de sociedades dictatoriales o totalitarias. Basta con rascar en la piel de países como Italia o Venezuela para comprobar que las restricciones a la libertad de opinión y crítica son un recurso recurrente, con el empleo de los más variados y peregrinos argumentos, y siempre por nuestro bien, por supuesto.

Nuestro viejo régimen era un especialista en el asunto. Obreros y estudiantes en huelga pasaban a ser delincuentes comunes por orden administrativa, los detenidos se suicidaban sospechosamente tirándose de las ventanas de dependencias policiales, los grupos de resistencia armada de la posguerra, el maquis, eran simples bandoleros, y todo opositor al régimen formaba parte de una confabulación judeo-marxista-masónica, pagada por un inagotable tesoro guardado en algún lugar de Moscú, que tenía como objetivo la destrucción de España a golpe de talonario.

Para aquel régimen, hasta los homosexuales, “que apenas existían”, por cierto, eran delincuentes peligrosos a los que se les aplicaba la reformada “Ley de vagos y maleantes” nacida en la República. Hay “delitos” y situaciones que ciertas sociedades no pueden consentir, así que mejor es que no se hable de ellos. La Ley para la Seguridad del Estado de 1941 intentaba poner coto al “menosprecio público de las más esenciales prerrogativas de la autoridad”.

En ese caldo de cultivo fascista, el humor tuvo que hacerse “blanco”, libre de toda crítica pública y política, al que se permitía antes un leve desahogo de cierta tensión sexual que la más leve crítica a la autoridad, fuese política, religiosa o militar, por supuesto. Pero como el censor (y de esto yo sé mucho, os recuerdo que soy un aprendiz de censor) se distingue sobre todo por su torpeza de criterio y su incapacidad absoluta para el humor, las publicaciones acudieron al recurso humorístico para burlar a los censores, siempre preocupados por lo mismo, como mi confesor. La Codorniz, “la revista más audaz para el lector más inteligente”, llegó a representar un instrumento de propagación de rumores que la prensa del régimen no podía ni mencionar. Más tarde, en el franquismo declinante, revistas como Triunfo, Cuadernos para el diálogo o Cambio16 hicieron un ejercicio soberbio de redacción para “escribir y leer entre líneas”, esas líneas que el estúpido censor era incapaz de comprender. Como el dios de Einstein, escribíamos derecho sobre renglones torcidos.

En Venezuela, que se ha revelado como uno de los países de Latinoamérica con mayor índice de asesinatos, muy por encima de las ya míticas cifras de Colombia o México, el gobierno intentó torpemente censurar los datos recolectados por su Instituto Nacional de Estadísticas prohibiendo publicar “fotos, informaciones y publicidad” sobre violencia, sin duda porque la situación de caos e inseguridad que reflejaban esos datos no encajaban bien con la situación idílica de la revolución bolivariana. No lo han conseguido gracias a un tribunal que anuló en parte la orden gubernamental.

Un traspiés, no más. Como sabéis, allí el humor en la información lo pone directamente el presidente Hugo Chávez en su programa televisivo. Si aquí, en una dictadura, conseguimos torear a los tribunales con el recurso del humor, ¿qué tribunal podrá resistirse al ingenio del líder de la revolución democrática bolivariana?

El auge de las pandillas y la necesidad de autodefensa han disparado el contrabando en la última década

J. L. / F. G. para elpais.com (Madrid), 25/05/2009

Que la importación de armas en América Latina haya crecido un 16% en 12 años no se debe sólo a la carrera armamentista de la que, por otra parte, todos los Gobiernos reniegan. Hay miles de personas que se blindan diariamente. Para defender su vida, la de sus familiares, sus propiedades. Pero también para delinquir. El Latinobarómetro del año pasado refleja la inseguridad que padecen los habitantes de la región, para quienes la delincuencia es el principal problema de sus países, por encima del paro.

La violencia es una pandemia que recorre de norte a sur la región desde hace décadas. Si en México el narcotráfico es el caldo de cultivo de la inseguridad ciudadana, en Centroamérica los crímenes de las maras provoca cantidad ingente de muertos. La probabilidad de que un joven de entre 15 y 24 años pueda ser asesinado en El Salvador o en Guatemala es 30 veces superior a la de un europeo, de acuerdo a un estudio de la Red de Información Tecnológica Latinoamericana. En el caso de los primeros, la tasa de crímenes juveniles es de 92,2 por cada 100.000 habitantes.

Según se desciende por el mapa, la violencia sigue inquebrantable en muchos países, aunque ya no tan asociada a las pandillas. En Venezuela se calcula que los homicidios entre 2007 y 2008 aumentaron un 11%, y que se han triplicado desde hace 10 años.

Colombia, asolada por el narcotráfico, y Brasil, son los otros dos lugares más violentos de la región, y al mismo tiempo donde se han registrado las primeras experiencias positivas de desarme de la sociedad. La gestión del Estado de São Paulo es un ejemplo. Gracias a la mejora de los transportes públicos, de la implantación de programas sociales y facilitar el trabajo en zonas donde la violencia era permanente, entre 1999 y 2004 se redujo la tasa de homicidios un 41%. En Río de Janeiro, la ONG Viva Río ha implantado programas de entrega de armas a cambio de algún beneficio para su portador. Un trabajo similar al que llevó a cabo la alcaldía de Bogotá hace ya una década al desarrollar en Navidad el Proyecto Regalos por Armas, que logró un descenso de los homicidios de casi un 30%.

Combatir el crimen y la violencia no es sencillo. Hay un componente histórico enclaustrado en la sociedad que ya ha impregnado a varias generaciones. “Dictaduras, guerras civiles, grupos armados… La violencia en la política de las últimas décadas ha quedado como un legado que influye en las relaciones sociales”, explica Laura Tudesco, investigadora de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride).

La relación entre el crimen urbano y las extremas condiciones en las que viven 230 millones de personas que son calificadas como pobres o indigentes en la región explica también la demanda de armas por la sociedad. “Lo que antes podría considerarse cultura de la pobreza está cada vez más relacionada con la violencia, la marginalidad y la hostilidad”, añade.

Más sangrante es la actitud de los Gobiernos ante este panorama. El control que se ejerce sobre el tráfico es prácticamente nulo. “Las industrias tienen relaciones muy fuertes con los Gobiernos. Muchas veces son los propios Gobiernos. El Estado debe brindar más seguridad, tratar de delimitar la proliferación de armas”, opina Diego Fleitas, de la Asociación de Políticas Públicas argentina, autor de un reciente informe sobre tráfico de armas en la región.